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Los historiadores y el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú, 2003-2013)

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Revista Argumento, n.º 4, septiembre 2013

La publicación del Informe final (IF) de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2003 provocó un quiebre en las diversas disciplinas científicas y artísticas en el país. Desde la estadística hasta el teatro, varias áreas se vieron sacudidas por las conclusiones del IF y las posibilidades que este ofrecía para repensar el país, sus propias metodologías y la manera en que los conocimientos producidos podían tener un efecto concreto en la sociedad. Los historiadores no fuimos la excepción, y los retos y oportunidades que abrió el Informe final nos pusieron contra la pared en nuestra doble condición de profesionales del pasado y ciudadanos de a pie, un impacto que nos ha perseguido y estimulado en esta última década.

Como lo ha señalado Paulo Drinot, la historia —en su doble acepción de pasado y metodología— estuvo presente desde la concepción misma de la CVR y el IF. Varios historiadores de diversas generaciones colaboraron en la investigación y redacción del IF. Y más importante aún, las referencias al pasado como marco de análisis se encuentran a lo largo del mismo IF, reflejando una tensión entre la larga duración y los acontecimientos recientes, y cómo lo ocurrido entre 1980 y 2000 desató una ola de violencia sin igual en la historia nacional.1

El presente ensayo busca ofrecer una primera aproximación a los cambios que se desarrollaron en el interior de la comunidad de historiadores e historiadoras peruanos y peruanistas entre el IF y el día de hoy. Sostengo que el IF marcó un hito en nuestra forma de producir y difundir conocimiento histórico, y que esta influencia fue positiva, pues nos llevó a encontrar nuevas maneras de investigar frente a situaciones y retos que no se habían presentado hasta ese momento, reconfigurando de igual modo nuestra relación con el público.2

Los retos del Informe final

Al avanzar en su recuento de la historia nacional, el desaparecido Franklin Pease tuvo que excusarse ante sus lectores, señalando que: “No es mi intención hacer una historia de la subversión en el Perú de los últimos años; hacerlo con elemental seriedad requiere disponer de información confiable, casi nunca al alcance del investigador” (Pease G. Y. 1995: 272-273). Su actitud hacia la historia contemporánea (y el pasado inmediato) era compartida por muchos colegas, a quienes la urgencia por explicar lo que venía ocurriendo desde 1980 los ponía en una situación difícil: varios deseaban hacerlo, pero no tenían las herramientas para enfrentar dicha época.

El IF puso sobre la mesa los problemas y limitaciones de la historiografía luego de dos décadas intensas y casi opuestas. Los años ochenta habían sido de una efervescencia resultado de la confluencia de la historia social con un evidente compromiso académico en medio de la precariedad del terrorismo y la hiperinflación. La década de 1990, en cambio, estuvo marcada por el lento desmontaje de la dinámica previa y la conformación de comunidades de historiadores peruanistas en el extranjero. Los dos mil recibían a los colegas con la expectativa del retorno de la democracia, la instalación de la CVR y la formación de dos grupos según su interpretación (positiva o no) del rol cumplido por la CVR en asignar responsabilidades durante los años de violencia política, ya sea al Estado y las Fuerzas Armadas o a los grupos terroristas.

De los múltiples retos que planteó el IF, me centraré en dos específicos: el tema de la historia inmediata y las fuentes. El IF legitimó el estudio de la época contemporánea, desplazando esa suerte de barrera que ponía “el fin de la historia” en los años 1930 o 1950. Ello significó diluir los esquemas rígidos entre “pasado” y “presente”, así como interactuar con otras disciplinas que ya habían venido trabajando las últimas décadas del siglo XX, como la sociología, la antropología y, más recientemente, la ciencia política. La aparición de libros de historia de larga duración orientados a un público amplio, y que incluyeron el periodo 1980-2000, reforzó esta legitimación del periodo actual (Klarén 2004, Cueto y Contreras 1999, Bonilla 2009).

Ello llevó a buscar no necesariamente más fuentes sino nuevas fuentes, respecto a lo cual había dos problemas concretos. Primero, la transferencia de documentos, pues no se trataba (incluso hasta ahora) de un episodio cerrado, por lo que los actores involucrados no entregaban sus documentos, ya sea por considerarlos “sensibles”, como las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica, porque no acostumbraban organizarlos, como los partidos políticos, o porque pasaron a dependencias del Estado al ser capturados (solo en 1990 la policía confiscó seis toneladas de documentos a Sendero Luminoso). Segundo, la conceptualización de “fuente” en sí misma, ya que hasta entonces había prevalecido la identificación de fuente primaria con documento escrito. Ahora era necesario, como veremos más adelante, romper con esa asociación para compensar la escasez de fuentes escritas.

Trabajar historia reciente planteó asimismo una dificultad para las escuelas de historia. La repentina presencia de la violencia política como tema de investigación encontró a docentes que no se encontraban capacitados para asesorar tesis sobre memoria o temas afines y a alumnos sin experiencia en temas contemporáneos. Todo esto en un mercado laboral que se movía hacia el patrimonio cultural y desincentivaba la historia reciente, por cuanto los cursos sobre actualidad eran dictados principalmente por sociólogos. Ello permite explicar por qué la violencia política no fue un tema predominante en las tesis de licenciatura, con excepción de San Cristóbal de Huamanga (con cuatro tesis), San Marcos (dos) y PUCP (dos).3

Nuevas rutas de investigación

Las diferentes dificultades que ofrecía el estudio de la violencia política llevaron a que los historiadores e historiadoras buscaran desarrollar escenarios alternativos a los que ya conocían. Y en este sentido, el análisis del periodo 1980-2000 tuvo un efecto profundo en tres áreas específicas de la producción académica: nuevas fuentes, nuevos temas y el desarrollo de historias regionales.

El trabajo de investigación de la CVR puso a disposición del público un tipo de fuente en particular: los testimonios, ya sea a través de entrevistas, relatos o aquellos que tuvieron lugar en audiencias públicas. Estos fueron recopilados de un amplio grupo de personas en diferentes partes del país, las cuales habían sido afectadas o tomado parte en los acontecimientos de esos años. Dado el enorme material —pues se estimaba que se recogerían cerca de 12.000 de estos testimonios al término del mandato de la CVR—, se buscó hacerlo accesible a los investigadores y público en general.4 Al mismo tiempo que el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, creado en 2004, ha seguido una errática trayectoria (con cambio de local incluido), y mientras se espera que la construcción del Museo de la Memoria centralice la recopilación y acceso de información, los investigadores han venido echando mano de un conjunto más amplio de fuentes.

Los testimonios recopilados por la CVR y los obtenidos por los mismos historiadores (algunos en quechua), al igual que el Informe final en sí mismo, constituyen dos de las fuentes más utilizadas en los estudios sobre el periodo 1980-2000. Algunos historiadores han incluido entrevistas a exsenderistas y personas encarceladas. De igual manera, la prensa y las revistas fueron la espina dorsal de las investigaciones, dada su periodicidad y el que se encuentren accesibles en diversos sitios. Quizás una de las colecciones menos conocidas y que ha resurgido con más fuerza en los últimos años es la del periodista Gustavo Gorriti. Reunida a lo largo de varios años, Gorriti se vio obligado a sacarla del país luego de recibir amenazas tras el autogolpe de estado de 1992 de Alberto Fujimori. Desde 2006, la colección se encuentra accesible en la Universidad de Princeton, y un catálogo en línea permite ver su riqueza. Tuve oportunidad de examinar esta colección hace poco mientras realizaba una investigación sobre la reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y el material es insuperable: folletos, volantes, documentos internos, grabados, etc.5 También han aparecido muchas otras fuentes que podrán ser utilizadas para reconstruir este periodo, especialmente desde la parte visual, como cómics, dibujos, grabados, colecciones fotográficas, películas y documentales.

Las nuevas fuentes permitieron también la aparición de nuevos temas, que forzaron a los historiadores a tomar contacto con otras disciplinas y áreas. Un recuento sobre los estudios que han aparecido esta última década debería incidir en cómo se han desarrollado trabajos desde el ámbito legal, como el reciente libro de Mario Meza (2013) sobre la aplicación de la justicia tanto por parte del Estado como de los senderistas. Por su parte, Jaymie Patricia Heilman (2009) ha ofrecido una novedosa mirada sobre las redes familiares de Augusta la Torre, la primera esposa de Abimael Guzmán y dirigente de Sendero, expandiendo luego su argumento hacia la relación entre familia y agrupaciones políticas en el siglo XX. Una mirada al interior de la dinámica de Sendero en las cárceles y la “disciplina” impartida por los mismos internos ha sido realizada por Yeiddy Chávez Huapaya (2010) y José Luis Rénique (2003). Carlos Aguirre (2011) ha trazado la genealogía del término “terruco” en el lenguaje y enfatizado las dimensiones de abuso de autoridad y discriminación que lo acompañan en el habla cotidiana. La Izquierda Unida en los años ochenta y su posición de crisis o reagrupamiento frente a la opción de lucha armada señalada por Sendero es el tema de la tesis doctoral de Tamara Feinstein.6 Los apagones y cómo afectaron la vida cotidiana de los niños fueron abordados por Yeiddy Chávez Huapaya (s/f), mientras Willie Hiatt utiliza los apagones para examinar cómo los ataques a las torres eléctricas cambiaron la percepción de limeños y limeñas respecto de la sierra. El uso de la música por los senderistas y su dirigencia se incluye en uno de los ensayos de Eduardo Torres (2010: 129-154), mientras Renzo Aroni (2013) analiza cómo las comunidades desplazadas utilizaron la música para reforzar su identidad en Lima. El proceso de democratización y “cholificación” en el Ejército peruano es abordado por Lourdes Hurtado Meza (2006). Desde el cine, Jorge Valdez (2005) ha analizado el lenguaje visual fílmico con entrevistas a los directores y la recepción de las películas en el público. La salud tampoco ha estado ausente, gracias a un ensayo de Jorge Lossio y Eduardo Barriga sobre la erradicación de la polio en los años ochenta (Lossio y Barriga 2013). Adrián Lerner (2009) ha conectado las políticas estatales de las esterilizaciones forzadas con el triunfalismo del Gobierno luego de la captura del líder de Sendero. Para descentrar el análisis sobre Sendero, el MRTA también ha sido estudiado en una tesis doctoral de Mario Meza Bazán (2012). Y a raíz de los debates sobre memoria y espacio público, Paulo Drinot (2007) ha reconstruido minuciosamente la polémica alrededor de El Ojo que Llora, uno de los monumentos emblemáticos post-CVR.

Esta revisión de temas y fuentes se manifestó también a través de la historia regional. Desde los años noventa, el eje académico Lima-Cusco fue cediendo paso al eje Lima-Ayacucho. Se desarrollaron investigaciones que combinaban la búsqueda en archivos con la etnografía, como los de Jaymie Patricia Heilman (2010), Miguel La Serna (2012) y Renzo Aroni (2009).7 La primera abre el arco temporal desde 1895, y se detiene precisamente al inicio de la guerra, lo que le permite observar la formación de Sendero en Cangallo. La Serna contrapone el análisis de dos comunidades (Chuschi y Huaychao), que apoyaron a militares y terroristas, para explicar las dinámicas campesinas y cómo estas determinaron el apoyo a uno u otro bando en los años ochenta. Finalmente, Aroni se centra en un episodio particular, la matanza ocurrida en 1992 en la cuenca de los ríos Pampa y Qaracha y las formas como este evento fue recordado por los miembros de la comunidad a lo largo del tiempo. También conviene mencionar el trabajo en curso de Emily Wakild (2013) sobre la reserva natural y centro de preservación de vicuñas en Pampa Galeras y los daños sufridos por ataques terroristas. Pero es necesario ampliar el eje Lima-Ayacucho, dada la extensión del conflicto, lo que ya ha venido ocurriendo en otras regiones. Al estudiar los glaciares en Huaraz, Mark Carey (2010) señala cómo el terrorismo representó una amenaza para la presencia de ingenieros extranjeros y retrasó las obras de contención. El terrorismo también dañó significativamente el turismo en Cusco, incluyendo un ataque al tren a Machu Picchu, según lo revela Mark Rice en su tesis doctoral en curso.8 José Luis Rénique (2004), por otro lado, lleva su investigación a Puno en una mirada de larga duración.

Epílogo: saliendo de la torre de marfil

Quizás la mejor manera de cerrar este balance preliminar es señalando que hubo un esfuerzo sincero de parte de varios historiadores por trascender el ámbito académico e involucrarse más en la esfera pública para debatir la naturaleza y el legado de la violencia política. La escuela ha sido un ámbito privilegiado, sea a través de la elaboración de textos escolares, talleres con maestros o sondeos para medir la percepción de esos años entre la población estudiantil y los jóvenes.9 De igual modo, se ha comenzado a realizar un acercamiento a las Fuerzas Armadas en busca de agendas comunes con miras a rescatar y difundir la versión de quienes combatieron el terrorismo, como en el coloquio Diálogos de Paz y la Memoria (llevado a cabo en enero de 2013), coorganizado por la Cátedra de Historia Militar de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú.

En un plano más amplio, las redes sociales se han convertido en un terreno de debate muy activo, especialmente en aniversarios o coyunturas particulares (Museo de la Memoria, sentencia al expresidente Fujimori, segunda vuelta). Probablemente el punto más alto fue el “Pronunciamiento de Historiadores frente al Retorno del Fujimorismo” (2011), pero estos debates se han ampliado también a blogs (El Reportero de la Historia, La Bitácora de Hobsbawm, HGoL), redes sociales (Facebook y Twitter), columnas de historiadores en periódicos (El Comercio, La República, Diario 16) y portales institucionales (Noticias SER, Argumentos).

Si algo distingue a la perspectiva de los historiadores frente a otras disciplinas en el estudio del periodo de violencia política, esta se puede sintetizar en una palabra: contexto. Mientras otras disciplinas se han aproximado a lo ocurrido en estos años de manera estructural o por medio del trabajo de campo, nuestro aporte ha sido el de otorgarle densidad temporal a eventos que podrían haber sido considerado aislados. Al proceder de esta forma, nos hemos apoyado en los esfuerzos de otras disciplinas para restituir las voces que por mucho tiempo habían estado silenciadas, y que hoy estamos comenzando a conocer. En tanto académicos, hemos sabido aprovechar las mejores herramientas metodológicas aprendidas en las últimas tres décadas: interrogando las fuentes y desconfiando de ellas, tomando prestados instrumentos conceptuales de nuestros vecinos (lo que ha compensado nuestra poca inclinación a teorizar) y conectando dichas voces desde abajo con narrativas nacionales y globales. De igual modo, los historiadores hemos brindado una serie de insumos a los medios y al público para evitar que temas asociados con memoria, justicia, democracia y derechos humanos caigan en el olvido. En suma, creo que hemos logrado crear cierto consenso acerca de que las personas y los actores deben ser nuestra prioridad, sin que esto signifique renunciar a añadirle a nuestros estudios un marco conceptual o comparar nuestros casos particulares con otros separados en el espacio y el tiempo. También estamos tácitamente de acuerdo en que la Historia puede ser una herramienta poderosa para entender el presente y hacer que la sociedad reflexione sobre eventos trágicos que han involucrado la muerte de personas, con la esperanza de que, al darle sentido a dichos eventos y explicarlos dentro de una narrativa, estos no vuelvan a repetirse.

Dada la heterogeneidad de la comunidad de historiadores e historiadoras que investigan los años de violencia política dentro y fuera del país, es muy difícil predecir cuáles serán las direcciones que tomarán en el futuro nuestros proyectos. Hay, por supuesto, cosas que corregir: aún nos falta perfeccionar nuestro contacto con una audiencia más amplia y difundir nuestras investigaciones fuera del circuito cerrado de nuestras oficinas y colegas. Aun así, y pese al interés que hemos mostrado por los temas de memoria, democracia y derechos humanos, este último aniversario número diez de la entrega del Informe final parece haber sido recibido de manera tibia por los investigadores. Se trató de una oportunidad que pudo haber sido mejor aprovechada para establecer agendas y direcciones para los siguientes años. Espero que el aniversario 15 nos encuentre mejor organizados y con el mismo entusiasmo y energía demostrados en esta última década.


* Docente de la Universidad del Pacífico y Ph. D. candidate por la Universidad de California, Davis. Investigador afiliado al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).
1 Paulo Drinot, “Comentarios en panel de LASA, ‘Peru’s Post-CVR Landscape: An Interdisciplinary Dialogue on the Legacy of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission’” (San Francisco, EE. UU., 2011). Agradezco al autor por permitirme citar estos comentarios.
2 Para una reflexión temprana, véase Cosamalón (2005). Lejos de ser canonizado, como sostenían los críticos del IF, este fue también fue sometido a críticas metodológicas (Igue 2005).
3 Números obtenidos de la revisión de los catálogos de tesis disponibles de la Universidad Nacional San Antonio Abad, Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional San Agustín, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal.
4 Para conocer la trayectoria del Centro de Documentación y el perfil de los visitantes, véase Aguirre (2009).
5 Un catálogo de dicha colección puede ser encontrado aquí: “Documenting the Peruvian Insurrection” (2005). http://microformguides.gale.com/Data/Download/8351000C.pdf
6 Tamara Feinstein, “How the Left Was Lost: Remembering Izquierda Unida and the Legacies of Political Violence in Peru”. Tesis de doctorado, University of Wisconsin, Madison, 2013.
7 Para una aproximación regional, véase Zapata, Pereyra y Rojas (2008). Para otras investigaciones regionales, véase Méndez (2005), las tesis de licenciatura de Historia de la Unsch así como la revista Huari. Boletín de Estudios Históricos y Sociales, editada por el Cehra (Huamanga).
8 Mark Rice, “Selling Sacred Cities: Tourism, Region, and Nation in Cusco, Peru”. Tesis de doctorado, State University of New York at Stony Brook.
9 Véase los equipos interdisciplinarios dirigidos por Jesús Cosamalón, “La enseñanza de la época de la violencia política en el Perú” (2010), y Natalia Sobrevilla, “¿Qué recuerdas de la época del terrorismo?” (2013). Para cursos dictados en el exterior, véase Walker (2009).

Referencias bibliográficas

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Este artículo debe citarse de la siguiente manera:
Ragas, José . “Los historiadores y el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú, 2003-2013)”. En Revista Argumentos, año 7, n° 4. Setiembre 2013. Disponible en http://revistargumentos.org.pe/historiadores_informe.html ISSN 2076-7722
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